Querétaro, Qro.- La Comisión de Turismo de la LXI Legislatura aprobó un dictamen para incorporar expresamente el turismo comunitario y los destinos turísticos comunitarios a la legislación estatal.
La idea central es que las comunidades locales tengan mayor participación en la organización, administración y operación de servicios turísticos, en lugar de limitarse a recibir visitantes mientras los principales ingresos quedan en intermediarios externos.
El planteamiento tiene lógica: si una comunidad aporta paisaje, patrimonio, gastronomía, tradiciones, trabajo y territorio, debería participar también de manera directa en los beneficios económicos de la actividad.
Pero reconocer una figura en la ley no garantiza por sí mismo que eso ocurra.
El punto central: ¿quién controla el negocio?
Ese debería ser el verdadero debate. En muchos destinos, una comunidad puede convertirse en atractivo turístico sin controlar hospedaje, transporte, venta de recorridos, plataformas de reservaciones, restaurantes o comercialización.
La reforma tendría sentido si logra que los habitantes pasen de ser parte del escenario a convertirse en actores económicos con capacidad de decisión.
Para eso no basta con declarar un “Destino Turístico Comunitario”. Harían falta reglas sobre quién puede utilizar esa denominación, cómo se integran las organizaciones comunitarias, cómo se distribuyen ingresos y qué participación tienen los habitantes en la toma de decisiones.
Una palabra clave: intermediación
El dictamen difundido por la Legislatura plantea como objetivo reducir una intermediación considerada perjudicial y consolidar ingresos directos para las familias que conservan patrimonio natural y cultural.
La intención es relevante, pero la ley tendrá que traducirla en mecanismos concretos: fondos directos, capacitación, créditos, promoción oficial, reglas para operadores externos y mecanismos que permitan conocer cuánto de la derrama turística permanece en cada localidad.
Turismo sí, pero también conservación
Otro riesgo es pensar que más turismo siempre equivale a más desarrollo. El crecimiento de visitantes puede generar empleo e ingresos, pero también presión sobre agua, residuos, movilidad, vivienda y ecosistemas.
La reforma sostiene que el turismo comunitario debe conservar el patrimonio biocultural y evitar comprometer recursos de generaciones futuras. Sin embargo, también será necesario definir qué capacidad tendrán las comunidades para intervenir cuando proyectos turísticos afecten su territorio o sus recursos.
Lo que todavía falta conocer
El dictamen deberá pasar al Pleno antes de convertirse en reforma vigente. Antes de su aprobación definitiva convendría conocer qué comunidades podrían ser reconocidas, qué autoridad otorgará la denominación, qué presupuesto acompañará la reforma, cómo se distribuirán los beneficios y qué mecanismos impedirán que terceros utilicen comercialmente la identidad comunitaria sin participación local.
El turismo comunitario puede representar una oportunidad para localidades rurales e indígenas de Querétaro. Pero la diferencia entre una reforma transformadora y una nueva etiqueta institucional estará en los mecanismos de ejecución.
La pregunta no es únicamente cuántos visitantes llegarán. La pregunta es quién decidirá, quién cobrará y cuánto del beneficio se quedará realmente en la comunidad.
