Querétaro, Qro.- La iniciativa presentada por el diputado Edgar Inzunza Ballesteros parte de una diferencia concreta: la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro paga porcentajes menores que los previstos en el esquema del ISSSTE para varios tramos de antigüedad entre los 16 y los 24 años de servicio.
La propuesta plantea reformar el artículo 141 de la legislación estatal para acercar esos porcentajes a la tabla federal. Actualmente, la ley queretana establece 50% para quienes tienen entre 15 y 19 años de servicio; 53% para 20 años; 55% para 21; 60% para 22; 65% para 23 y 70% para 24. A partir de 25 años, los porcentajes ya coinciden con los señalados en la propuesta.
Ahí está el primer dato relevante: la reforma no modifica todo el sistema de pensiones. Su efecto se concentra principalmente en trabajadores con entre 16 y 24 años de servicio.
La mayor diferencia aparece en dos puntos. Con 19 años, la legislación estatal contempla 50%, mientras que la tabla usada como referencia por la iniciativa marca 60%. Con 21 años, Querétaro establece 55% frente a 65%. En ambos casos, la brecha alcanza 10 puntos porcentuales.
| Años | Ley estatal | Propuesta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 16 | 50% | 52.5% | +2.5 |
| 17 | 50% | 55% | +5 |
| 18 | 50% | 57.5% | +7.5 |
| 19 | 50% | 60% | +10 |
| 20 | 53% | 62.5% | +9.5 |
| 21 | 55% | 65% | +10 |
| 22 | 60% | 67.5% | +7.5 |
| 23 | 65% | 70% | +5 |
| 24 | 70% | 72.5% | +2.5 |
Ese contraste permite entender por qué la propuesta puede resultar relevante para trabajadores próximos a retirarse antes de alcanzar los 25 años de servicio. Sin embargo, homologar porcentajes no significa automáticamente homologar pensiones.
La propia legislación queretana establece que el monto de la pensión por vejez se calcula con base en el promedio de lo percibido como sueldo durante los cinco años anteriores al otorgamiento de la pensión. Por ello, una comparación únicamente porcentual no explica por sí sola cuánto recibiría finalmente cada trabajador.
Las preguntas que faltan
La primera es financiera: ¿cuánto costaría la homologación a los poderes públicos, organismos autónomos y municipios obligados por la ley?
La segunda es sobre el universo de beneficiarios: ¿cuántos trabajadores se encuentran actualmente en los rangos de 16 a 24 años de servicio y cuántos podrían solicitar una pensión bajo los nuevos porcentajes?
La tercera es si la reforma vendrá acompañada de una estimación actuarial. Aumentar porcentajes puede representar una mejora para trabajadores, pero también crea obligaciones permanentes para las entidades públicas que pagan pensiones.
El debate, entonces, no debería reducirse a si es conveniente “igualar” la tabla. La comparación revela una diferencia, pero el Congreso tendrá que explicar su impacto presupuestal, el número de personas beneficiadas y la sostenibilidad del cambio.
La iniciativa todavía debe recorrer el proceso legislativo. Mientras no sea aprobada y publicada, continúan vigentes los porcentajes actuales.
