Por Oscar Alcázar
En Tequisquiapan parece que una grúa ya no solamente sirve para retirar un vehículo accidentado, descompuesto o infraccionado. Para muchos ciudadanos comienza a representar algo mucho más inquietante: la puerta de entrada a una cadena de decisiones donde casi nadie explica quién ordenó el arrastre, por qué se eligió determinada empresa, cuánto deberá pagarse y quién vigila que todo se haga conforme a la ley.
La publicación ciudadana que circula en redes sociales al respecto, vuelve a poner el dedo en la llaga. Se advierte de un retén en la zona conocida como el kilómetro 15, sobre la carretera San Juan del Río–Tequisquiapan; se afirma que la vialidad se encuentra obstruida y se cuestiona la presencia de grúas particulares que, según quien hace la denuncia, incluso estarían operando sin placas visibles.
Hay que ser responsables: hasta el momento no he localizado información oficial que permita confirmar de manera independiente que esas unidades carezcan efectivamente de placas o concesión, ni tampoco quién solicitó específicamente su presencia en ese operativo.
Pero precisamente ahí comienza el problema.
Porque cuando una autoridad interviene un vehículo y llama a una grúa privada, la respuesta institucional no puede ser simplemente: “así se hace”.
Tiene que poder explicar quién llamó a esa grúa, con qué autorización trabaja, qué tarifa aplicará, dónde quedará depositado el vehículo y quién terminará pagando la cuenta.
No es una denuncia aislada
El asunto tampoco comenzó hoy.
El 31 de mayo, Voz y Testimonio documentó la denuncia de José Luis Jiménez Ramos Rojas, prestador del servicio de grúas en Tequisquiapan, quien aseguró que empresas provenientes de otros municipios estaban realizando servicios dentro de la demarcación y trasladando vehículos incluso hacia Colón.
En aquella entrevista se denunciaron presuntos cobros que podían ir de aproximadamente 7 mil hasta 22 mil pesos. Se trató de señalamientos de un concesionario y no de hechos que deban darse automáticamente por demostrados, pero las preguntas que entonces quedaron abiertas siguen siendo prácticamente las mismas: ¿quién asigna los servicios?, ¿con qué criterios?, ¿a qué corralón se trasladan las unidades?, ¿por qué y quién supervisa los cobros?
Lo interesante es que, apenas unos meses después, el Congreso de Querétaro está discutiendo exactamente esas mismas problemáticas.
Eso ya debería decirnos algo.
Si todo estuviera funcionando bien, el Congreso no estaría tratando de cambiarlo
Durante julio, diputados locales realizaron un foro ciudadano para analizar reformas al servicio de salvamento y arrastre.
¿Y qué denunciaron ciudadanos, transportistas y representantes del propio sector?
Cobros considerados excesivos, falta de transparencia en las tarifas, operación de grúas sin concesión, deficiencias en los corralones y falta de mecanismos claros para defender al usuario.
No estamos hablando entonces de una ocurrencia de Facebook.
Estamos hablando de un problema que ya llegó formalmente al Poder Legislativo.
El diputado Eric Silva Hernández presentó además una iniciativa para crear un sistema informático estatal que permitiría calcular y registrar conceptos como banderazo, kilómetros recorridos y días de almacenamiento, precisamente bajo el argumento de combatir cobros excesivos y posibles actos de corrupción.
Y el 14 de agosto se informó que la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito del Congreso analizaba cuatro iniciativas distintas relacionadas con grúas, corralones y servicios auxiliares. Incluso fueron enviados planteamientos a los 18 municipios para conocer las particularidades de cada demarcación antes de elaborar un dictamen.
Más todavía: esta misma semana, la diputada Sully Mauricio presentó tres nuevas propuestas, entre ellas que la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro realice por lo menos una inspección ordinaria anual a cada concesionario y que se fortalezcan los controles sobre unidades autorizadas y comprobantes de cobro.
Es decir: el problema existe hasta para los propios legisladores.
Una cosa es retirar un vehículo; otra, convertirlo en cliente cautivo
Hay que dejar algo claro.
La autoridad sí tiene circunstancias legales en las que puede ordenar el retiro de un vehículo.
Un accidente puede obligar a liberar la carretera. Un automóvil abandonado puede representar riesgo. Una infracción puede justificar su aseguramiento y determinados hechos de tránsito o investigaciones pueden requerir ponerlo a disposición de una autoridad.
Eso no está en discusión.
Lo que debe discutirse es lo que ocurre después.
Porque desde el momento en que un agente ordena el arrastre, el ciudadano deja de tener capacidad real para negociar.
No escoge libremente la grúa.
No escoge necesariamente el corralón.
No negocia la tarifa.
Y muchas veces ni siquiera sabe cuánto tendrá que pagar hasta que intenta recuperar su automóvil.
Eso produce una relación profundamente desigual.
Por eso el servicio de grúas no puede tratarse como cualquier actividad comercial.
Cuando una empresa recibe vehículos por instrucción de una autoridad pública, está participando materialmente en las consecuencias de un acto de autoridad. Y precisamente por eso debe existir máxima transparencia.
La pregunta del kilómetro 15 es sencilla: ¿quién pagará?
La publicación ciudadana plantea una pregunta aparentemente simple:
¿quién va a costear esos gastos?
La respuesta debería depender de por qué fue retirado cada vehículo.
Pero existe un punto particularmente interesante en las reformas que hoy se discuten en Querétaro.
Una de las iniciativas propone que, cuando una autoridad competente determine que el arrastre no derivó realmente de una infracción administrativa o de un hecho ilícito atribuible al propietario, éste no tenga que pagar la grúa ni el depósito vehicular.
El principio es elemental:
si el ciudadano no provocó jurídicamente la necesidad del arrastre, no tendría por qué financiar las consecuencias de una decisión equivocada de la autoridad.
Y aquí es donde Tequisquiapan debería adelantarse al Congreso.
Si durante un operativo una autoridad municipal ordena retirar un automóvil, debería quedar registrado públicamente —salvando los datos personales— qué funcionario tomó la decisión, cuál fue el motivo legal, qué empresa realizó el servicio, cuál fue la distancia recorrida, qué tarifa se aplicó y a qué depósito fue llevado.
Cinco datos.
Nada extraordinario.
Pero esos cinco datos podrían acabar con buena parte de las sospechas.
¿Y las grúas sin placas?
Si efectivamente existieran unidades prestando servicios oficiales sin la identificación o autorización requerida, el asunto sería todavía más serio.
La propia legislación queretana concibe los servicios de arrastre, salvamento y depósito como servicios regulados. El marco jurídico establece que las tarifas correspondientes deben sujetarse a reglas y que los montos autorizados deben publicarse oficialmente.
Por eso la autoridad municipal no debería molestarse cuando un ciudadano fotografía una grúa y pregunta de quién es.
Debería agradecerlo.
Porque bastaría responder:
“Esta unidad pertenece al concesionario X, cuenta con autorización número Y y fue requerida por la autoridad Z”.
Caso cerrado.
El problema aparece cuando nadie quiere explicar nada.
Y ya sabemos que en política el vacío de información tiene una habilidad extraordinaria para llenarse de sospechas.
Tequisquiapan necesita un padrón público
Mi opinión es que el municipio debería publicar de inmediato un padrón de las empresas de grúas que pueden intervenir cuando Policía Municipal o Tránsito solicita un servicio.
Ese padrón debería incluir:
nombre del concesionario, número de concesión o autorización, unidades registradas, placas, tarifas aplicables, ubicación del depósito y mecanismo para presentar una queja.
También debería transparentarse el sistema mediante el cual se asignan los servicios.
¿Hay rol?
¿Hay convenio?
¿Se llama discrecionalmente a determinada empresa?
¿Existe una lista de prestadores?
¿Hay algún pago, contraprestación o acuerdo entre municipio y concesionarios?
Esas preguntas no acusan a nadie.
Son preguntas de transparencia.
Y cuando hablamos de dinero que termina saliendo del bolsillo del ciudadano, la transparencia no es un favor: es una obligación política.
Porque aquí puede existir también un incentivo perverso
Hay algo que pocas veces se dice.
Mientras más vehículos sean enviados al corralón, mayor puede ser el número de servicios de arrastre y días de pensión facturados.
Eso significa que el sistema tiene que diseñarse cuidadosamente para impedir cualquier incentivo que favorezca retirar un vehículo cuando existen alternativas razonables.
No estoy diciendo que eso esté ocurriendo en Tequisquiapan.
Estoy diciendo que precisamente porque puede existir ese incentivo económico, la actuación de la autoridad y de los concesionarios debe quedar completamente documentada.
La administración pública no solamente tiene que ser honesta.
También tiene que construir procedimientos que hagan difícil la discrecionalidad.
Que el alcalde abra los números
La mejor respuesta del gobierno municipal no sería un comunicado indignado contra quienes hacen preguntas.
Sería publicar información.
¿Cuántos vehículos han sido retirados por instrucción de Tránsito Municipal durante 2025 y 2026?
¿Qué empresas realizaron los arrastres?
¿Cuántos servicios recibió cada una?
¿A qué depósitos fueron trasladados?
¿Cuánto se cobró en promedio?
¿Cuántos vehículos de Tequisquiapan fueron enviados a corralones ubicados fuera del municipio?
¿Existen convenios con esos prestadores?
Y una pregunta especialmente importante:
¿cuántos servicios fueron asignados a cada empresa?
Si todo está en regla, esos datos fortalecerán al gobierno.
Si no quieren entregarlos, entonces quizá la discusión sobre las grúas apenas está comenzando.
De la molestia ciudadana a una política pública
El debate del kilómetro 15 no debería reducirse a si una grúa tenía o no una placa visible.
Es mucho más grande.
Querétaro está discutiendo cómo terminar con abusos en grúas y corralones precisamente porque durante años el ciudadano ha sido el último en enterarse de las reglas y el primero en pagar las consecuencias.
Tequisquiapan tiene ahora la oportunidad de hacer algo distinto.
No esperar a que llegue una reforma estatal.
Puede transparentar desde ahora quién opera, quién cobra, quién autoriza y bajo qué tarifa.
Porque una grúa debería ser un servicio de auxilio.
Nunca un castigo adicional.
Y mucho menos una caja registradora conectada a una patrulla.
Mientras las autoridades no expliquen con claridad quién ordena los arrastres, qué concesionarios participan y cuánto termina pagando el ciudadano, la pregunta que circula hoy en las redes seguirá siendo completamente válida:
¿quién se beneficia cada vez que un automóvil termina en el gancho?
Y yo agregaría una más:
¿por qué algo que debería ser tan fácil de responder sigue siendo tan difícil de transparentar?
