Comunicación social en Colón: la publicidad oficial también debe rendir cuentas

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Colón, Qro.- La Solicitud 24 de la Auditoría Ciudadana de Voz y Testimonio exige al Municipio de Colón entregar la información completa del Programa Anual de Comunicación Social 2025, correspondiente al Artículo 66, fracción XXII. La petición solicita objetivos, campañas, públicos objetivo, medios, calendario, presupuesto por campaña o partida y criterios de contratación. Es decir, no basta con decir que hubo comunicación institucional: se debe explicar qué se comunicó, para qué, a quién, por qué medios y con cuánto dinero público.

El punto crítico es que la comunicación social no puede convertirse en una caja negra de promoción gubernamental. Si el municipio contrató campañas, servicios, medios o difusión, debe informar proveedor, RFC, procedimiento de contratación, justificación, área solicitante, contrato u orden de servicio, vigencia, monto, partida, fuente y entregables. La publicidad oficial no es un favor político ni un gasto decorativo: es recurso público y debe comprobarse con documentos.

La solicitud también pide soporte documental por cada campaña o pago: contrato, orden de servicio, cotizaciones, evidencia de difusión, testigos, enlaces, capturas, CFDI o factura con UUID, fecha de pago y acta de validación de entregables. Este punto es clave porque una campaña no se acredita solo con una factura; debe demostrarse que el servicio se contrató correctamente, se difundió y fue validado por el área responsable.

Además, se solicita el estado analítico del gasto de comunicación social o publicidad por mes y partida, con montos aprobados, modificados, devengados y pagados. Sin esa ruta financiera, la ciudadanía no puede saber si el presupuesto se ejerció conforme a lo planeado o si hubo modificaciones difíciles de rastrear.

Colón debe responder con datos abiertos, no con imágenes ni PDFs escaneados. La comunicación social debe informar a la ciudadanía, no servir como cortina de humo para esconder contratos, pagos o campañas sin evidencia. Si se gastó dinero público en difusión, la ciudadanía tiene derecho a saber quién cobró, cuánto cobró, qué entregó y dónde se publicó.

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