Colón, Qro.- La Solicitud 20 de la Auditoría Ciudadana de Voz y Testimonio vuelve a poner bajo revisión el uso del Capítulo 4000, correspondiente a apoyos, subsidios y transferencias del ejercicio 2025 en el Municipio de Colón. La petición solicita una relación o padrón de apoyos en Excel/CSV, en versión pública, con datos suficientes para auditar: ID de beneficiario sin nombre, localidad, programa o acción, tipo de apoyo, fecha de entrega, monto o cantidad, criterio de elegibilidad, Unidad Responsable y partida presupuestal específica.
El punto crítico es que el gasto social no puede revisarse solo con discursos de “apoyo a la gente”. Para saber si un programa cumple su propósito, la ciudadanía necesita conocer a qué comunidades llegó, bajo qué criterios se entregó, cuánto se destinó, qué área lo operó y con qué partida se pagó. Sin esos datos, los apoyos quedan en una zona peligrosa: pueden ser ayuda pública legítima, pero también pueden convertirse en reparto discrecional sin trazabilidad.
La solicitud también exige reglas, lineamientos, convocatoria —si aplica— y criterios de selección y priorización vigentes en 2025. Este punto es central: si no hay reglas claras, no hay forma de saber si los beneficiarios fueron seleccionados con justicia, necesidad social o simple cercanía política. En el gasto social, las reglas no son adorno administrativo; son el candado contra el uso discrecional de los recursos.
Además, se pide evidencia de entrega en versión pública: actas, recibos, listas firmadas o documentos equivalentes, referenciados al padrón. Es decir, no basta con decir que los apoyos se entregaron; debe existir soporte verificable que conecte cada entrega con un programa, una fecha, una localidad, un monto y una Unidad Responsable.
La solicitud cuida la privacidad de las personas beneficiarias, pero pide conservar identificadores técnicos, montos, fechas, Unidades Responsables y partidas. Es el equilibrio correcto: proteger datos personales sin apagar la luz pública sobre el dinero. Porque en materia de apoyos sociales, la transparencia no estorba; evita que la ayuda se convierta en herramienta de control político.
