Acusan represalias tras defensa contra Casas del Bienestar
Tequisquiapan, Qro. — Vecinos de la zona cercana a Estación Bernal, denunciaron públicamente lo que consideran una actuación selectiva y posiblemente intimidatoria por parte del gobierno municipal de Tequisquiapan, luego de que varias construcciones particulares fueran clausuradas en el contexto del conflicto por el proyecto de las llamadas Casas del Bienestar.
De acuerdo con la denuncia ciudadana, habitantes de la zona habían promovido acciones legales para defender un terreno que, aseguran, estaba destinado originalmente para equipamiento de la colonia y no para la construcción de vivienda masiva. El conflicto escaló cuando el gobierno municipal encabezado por Héctor Magaña impulsó el proyecto habitacional, generando inconformidad entre vecinos y ejidatarios.
La preocupación principal de los colonos no es menor: señalan que la zona no cuenta con la infraestructura suficiente para recibir cientos de viviendas adicionales. Hablan de servicios limitados, vialidades deficientes, falta de equipamiento urbano, presión sobre el suministro de agua, drenaje, movilidad y seguridad. En pocas palabras, temen que se autorice un crecimiento urbano sin planeación y que después sean los habitantes quienes carguen con las consecuencias.
Ahora, la inconformidad tomó un nuevo giro. Vecinos denuncian que, tras la defensa legal contra el proyecto, comenzaron clausuras de obras particulares en viviendas y propiedades de la zona. En la fotografía compartida se observa una construcción en proceso con sellos de clausura colocados por la autoridad municipal, presuntamente relacionados con el área de desarrollo inmobiliario.
La denuncia vecinal apunta a una pregunta delicada: ¿se trata de una revisión legal ordinaria o de una represalia política contra quienes se opusieron al proyecto de las Casas del Bienestar?
Esa pregunta debe responderse con documentos, no con discursos.
Si las clausuras están justificadas legalmente, el municipio tiene la obligación de explicar caso por caso cuál fue la falta, qué norma se incumplió, cuándo se notificó al propietario, qué procedimiento administrativo se siguió y si se respetó el derecho de audiencia. Pero si las clausuras se están aplicando únicamente contra vecinos inconformes, entonces el asunto adquiere otra dimensión: posible uso faccioso del poder municipal.
El gobierno municipal debe aclarar si estas clausuras forman parte de un operativo general de inspección en todo Tequisquiapan o si se concentran únicamente en la zona donde existe oposición ciudadana al proyecto habitacional. También debe informar cuántas obras han sido clausuradas en la colonia Santa Fe, cuántas en Estación Bernal, cuántas en otras comunidades y bajo qué criterios se realizaron.
Porque una cosa es aplicar la ley y otra muy distinta es utilizar la ley como garrote.
Los vecinos no están pidiendo impunidad para construir sin permisos. Lo que exigen es piso parejo. Si hay obras irregulares, que se revise todo el municipio con el mismo rigor. Si hay clausuras, que estén debidamente fundadas y motivadas. Si hay procedimientos administrativos, que se respete el debido proceso. Y si existe un conflicto político por el terreno de las Casas del Bienestar, que la autoridad no utilice sus facultades para castigar a quienes piensan distinto.
El caso se vuelve más sensible porque ya existe una ruta legal abierta en torno al proyecto de vivienda. La justicia federal ha intervenido en el conflicto relacionado con los terrenos del Ejido Tequisquiapan, donde se ordenó detener actos materiales o jurídicos vinculados con la construcción de las Casas del Bienestar mientras se resuelve el juicio de amparo.
En ese escenario, cualquier actuación municipal contra vecinos inconformes debe ser especialmente transparente. No basta con colocar sellos de clausura. La autoridad debe demostrar que actúa conforme a derecho, sin sesgo político, sin revancha y sin intimidación.
La denuncia ciudadana también obliga a revisar el fondo del problema urbano: ¿puede una administración municipal cambiar el destino práctico de un terreno que los vecinos consideran destinado a equipamiento? ¿Se consultó formalmente a la comunidad? ¿Existe dictamen técnico de impacto urbano? ¿Hay suficiencia de agua? ¿Hay capacidad vial? ¿Se garantizó drenaje, alumbrado, seguridad, escuelas, áreas verdes y servicios básicos?
Construir vivienda social no debe convertirse en pretexto para violentar la planeación urbana. La vivienda digna es una causa legítima, pero también lo es el derecho de las comunidades a un crecimiento ordenado, con servicios y equipamiento suficiente.
Por eso, los vecinos de Santa Fe y Estación Bernal piden claridad. Quieren saber si las clausuras son legales o selectivas. Quieren saber si se les está castigando por defender su colonia. Quieren saber si el municipio actuará como autoridad o como parte interesada en un conflicto político.
El llamado es directo al Ayuntamiento de Tequisquiapan: que informe públicamente el número de clausuras realizadas en la zona, los motivos legales de cada una, los expedientes administrativos, las fechas de inspección, los funcionarios responsables y los mecanismos de defensa disponibles para los propietarios.
También se debe pedir la intervención de la Defensoría de Derechos Humanos, del órgano interno de control municipal y, en su caso, de autoridades judiciales, para verificar que no exista persecución, abuso de autoridad o trato discriminatorio contra vecinos que han ejercido su derecho a inconformarse.
La colonia Santa Fe no puede quedar atrapada entre un proyecto habitacional cuestionado y una autoridad que, según los vecinos, responde con clausuras.
La ley debe aplicarse, sí. Pero debe aplicarse pareja.
Porque cuando una autoridad clausura sin explicar, sanciona sin transparentar y actúa justo después de una inconformidad ciudadana, la duda pública se vuelve inevitable.
Y en Tequisquiapan, esa duda ya tiene nombre: ¿orden urbano o represalia política?
